Normativa Civil y Mercantil que regula el comercio electrónico en España

En la medida en que las actividades de comercio electrónico se dirijan a consumidores será necesario cumplir adicionalmente con la normativa sobre protección al consumidor, por lo que resulta de aplicación la Ley 26/1984, para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

A este respecto ha de apuntarse la reciente publicación de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios que tiene como finalidad aumentar la protección a los consumidores mediante la introducción de modificaciones a la Ley 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En este mismo sentido, el Gobierno está trabajando en el Anteproyecto de Ley sobre Comercialización a Distancia de Servicios Financieros destinado a los Consumidores que tiene como objetivo transponer la Directiva 2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre del mismo nombre. El referido Anteproyecto pretende ampliar la protección al consumidor a la prestación de servicios financieros a distancia mediante, entre otras medidas, la obligación genérica de facilitar información exhaustiva al consumidor sobre el contrato con carácter previo a su celebración y mediante la concesión al consumidor, con carácter de un derecho de desistimiento del contrato celebrado a distancia.

Igualmente, cuando para el desarrollo de la contratación se pretendan incorporar cláusulas predispuestas a una pluralidad de contratos, deberemos atender a la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación, cuyo artículo 5.3 se desarrolla en el Real Decreto 1906/1999, que regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales.

Este texto establece los requisitos que deben reunir los contratos a distancia, realizados por vía telefónica, electrónica o telemática, que contengan condiciones generales de la contratación, entendidas éstas como aquellas cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Este Real Decreto excluye de su ámbito de aplicación ciertos tipos de contratos como, por ejemplo, los contratos administrativos, los laborales, los relativos a la constitución de sociedades, los que regulan relaciones familiares, los referidos a servicios financieros que se regulan por su normativa específica, etc.

Por el contrario, la normativa prevista por este Real Decreto alcanza a aquellos contratos con condiciones generales cuya adhesión o consentimiento se haya efectuado en España, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato.

A estos efectos, este Real Decreto impone las siguientes obligaciones cuando se efectúen contrataciones telefónicas o telemáticas con condiciones generales:

• Se debe facilitar al consumidor, con carácter previo y con una antelación mínima de 3 días a la celebración del contrato, información sobre todas las cláusulas del contrato. Igualmente hay que remitirle, por cualquier medio adecuado, el texto completo de las condiciones generales.
• Se debe enviar al adherente, justificación e información acerca de todos los términos de la contratación efectuada. Esta información se debe enviar inmediatamente o en el momento de la entrega del bien o de la ejecución del contrato, y debe constar por escrito u en otro soporte duradero propuesto por el adherente que resulte adecuado para la comunicación empleada.
• El adherente dispone de la posibilidad de ejercitar el derecho de resolución del contrato, sin incurrir en penalización ni gasto alguno, en un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual. Este plazo de siete días se computará desde el momento de la recepción de la mercancía en los contratos que tengan por objeto la entrega de bienes, o desde su celebración en los contratos de prestación de servicios. Si la información sobre las condiciones generales o la confirmación documental tiene lugar con posterioridad a la entrega de la mercancía o a la celebración del contrato, el plazo de siete días se computará desde el cumplimiento de esta obligación.
• Se atribuye al predisponente la carga de la prueba acerca del cumplimiento de los deberes impuestos por esta normativa; como son la existencia y contenido de la información previa de las cláusulas, la entrega de las condiciones generales y la justificación documental de la contratación; así como, en su caso, de la renuncia expresa del adherente al derecho de resolución.
• En este mismo marco de protección a los consumidores, transponiendo la Directiva 1999/44/CE, se aprobó la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, como un conjunto de medidas tendentes a garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores. La gran innovación de esta ley es la articulación de una garantía gratuita a favor de los consumidores por un periodo de dos años, para todos los bienes de consumo. Este marco legal tiene por objeto facilitar al consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con los términos del contrato, dándole la opción de exigir la reparación o la sustitución del bien.

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Rafael García del Poyo

Profesor de Planeación Fiscal y Legal

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